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El Monte del Tordillo fue una especie de yacimiento de combustible vegetal a lo largo de todo el siglo XIX y principios del XX, por la abundante producción de carbón y leña de talas y coronillos. Atraídos por la posibilidad de progreso que abría la industria del carbón, la leña y la madera, llegaron numerosos inmigrantes vascos, que constituyeron un compacto grupo social en ese lugar, dedicado al desmonte e industrialización del producto, el que trasladaban en carretas propias hasta el pueblo de Dolores. Allí, los vascos debían pagar un “peaje” en el municipio, además un tributo que aumentaba continuamente.
Ante esa difícil situación, los vascos resolvieron llevar sus reclamos a la corporación municipal, y para coordinar la petición se reunieron en la “Fonda de Zabala”, en las afueras del pueblo y posteriormente concurrieron al despacho del jefe comunal con el petitorio, pero esa petición fue rechazada. Esa decisión provocó la reacción de algunos leñateros que se dirigieron en términos agraviantes a las autoridades, por lo cual fueron a parar al calabozo. Ese hecho generó la ira de los demás, quienes por la fuerza intentaron liberar a los detenidos y chocaron con el personal policial, provocándose en el enfrentamiento un saldo de varios heridos.
Esa agitación, conocida como la “rebelión de los vascongados”, iba creciendo en su efervescencia y en el Tordillo los leñateros se organizaron y marcharon con sus carretas, para protestar contra lo que consideraban una extorsión tributaria y acamparon en la zona sur del pueblo, a cinco cuadras de la plaza principal.
El grave cariz que presagiaba la acción de los vascos, dio lugar a que las autoridades informaran al gobierno de la provincia sobre la situación. Al respecto, el Juez de Paz del Partido, Cipriano Muñoz, en fecha 16 de agosto de 1864 se dirigía al ministro de Gobierno de la provincia, Pablo Cardanes, por medio de una nota que decía:
“El abajo firmado, por el órgano de V.S. tiene el honor de poner en conocimiento de V.E. el señor Gobernador, que a las ocho de la mañana del día de hoy, tuvo aviso que a cinco cuadras de la plaza de este pueblo, un número de 40 a 50 vascos habían hecho una trinchera de carretas en la calle, y que estaban dispuestos a dar un asalto a la comisaría”. [1]
El juez envió al municipal Honorio Guilbeant -por su carácter de vascongado- con instrucciones para hacer cesar la actitud que habían asumido aquellos y que comparecieran ante el Juzgado a presentar lo que creyesen justo. El comisionado regresó con dos de los amotinados y para entrar al despacho del juez cada uno dejó el arma que portaba en la entrada. Éstos explicaron que el motivo era el cobro de 10 pesos que el municipio cobraba por cada carretada de leña que introducían al pueblo, que estaban
“dispuestos a no pagar un solo real, y que si el juez ponía a uno de ellos presos, se reunirían 500 y echando la puerta abajo lo sacarían, aunque se opusiese todo el pueblo”. [2]
El juez les pidió que se retirasen a sus casas y peticionaran ante el cuerpo municipal, solicitándole que los exima de dicho impuesto. Los dos delegados de los vascos se retiraron, pero a la media hora volvieron para decir que no se retirarían hasta tanto no se suprimiera el pago del impuesto. A las 11, el grupo había aumentado en número y se produjo un movimiento de carretas hacia las afueras del pueblo. Sólo habían quedado unos 40 vascos en la casa del vasco Juan Irigoyen, quien fue instado por el juez de paz para que hiciera salir esa gente, acatándose la orden pero enarbolando banderas rojas y gritando: “ ¡Muera el Gobierno! ¡Muera el Juez de Paz! ¡Muera la Municipalidad ladrona! ¡Viva la libertad!...
En abierta desobediencia a la orden municipal, los vascos comenzaron a descargar la leña sin pagar el impuesto, ante lo cual el juez pidió auxilio al comandante militar, quien mandó al capitán de la Guardia Nacional, Floriano Delgado con soldados armados al lugar donde estaban los rebeldes, dándole la orden de retirarse, y al negarse aquellos, Delgado dio la orden de “preparen”, pero por impericia de los soldados dispararon varios tiros, que dejaron como resultado un muerto y un herido. En su descargo, Delgado argumentó que los leñateros habían tirado primero, y aunque esa circunstancia no fue probada, se dio crédito a su palabra, sin levantar un sumario inmediatamente. Esa causa pasó posteriormente al Superior Gobierno y cuando el juez del Crimen procedió a formar sumario, se trató de obstaculizar su marcha. Comenzaron las acusaciones y recusaciones, con intervención de policías, fiscales, jueces y testigos. El gobierno central recomendó a sus togados una exacta distribución de responsabilidades. Intervino como mediador en el conflicto un funcionario diplomático de Francia.
El agente fiscal refiriéndose a la conducta que observó el capitán Delgado en el desempeño de su función, estimó que hubo abuso de fuerza por el carácter violento, pues pudo haber actuado sin el uso de las armas, y solicitó la condena de Delgado “a quedar inhábil para el desempeño de empleos públicos por el término de 5 años, en cuyo tiempo, con edad más madura podrá ser útil tal vez, desempeñando las comisiones que se le lleguen a confiar con prudencia y lealtad”. [3]
Finalmente los vascos tuvieron que continuar con los tributos que exigía el municipio para poder comercializar sus productos.
[1] Motín del 16 de agosto de 1864. Legajo Nº 2 Año 1871. Archivo Histórico Municipal de Dolores
[2] Motín del 16 de agosto de 1864. Legajo Nº 2 Año 1871. Archivo Histórico Municipal de Dolores
[3] Motín del 16 de agosto de 1864. Legajo Nº 2 Año 1871. Archivo Histórico Municipal de Dolores
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